Siete gatos muertos en una colonia autorizada de Cuenca. Controlados, esterilizados, cuidados. La ley existe. Las penas existen. Pero hay algo que falla antes de que todo eso entre en juego — y nadie habla de ello.
Los Envenenaron Aunque Estaban Protegidos Y Nadie ha Ido a la Cárcel
En marzo de 2026, la protectora Bonamiko de Cuenca encontró lo que ningún voluntario quiere encontrar. Al menos siete gatos habían sido asesinados en una colonia felina autorizada de la capital conquense. Lograron rescatar a dos de los envenenados, pero ingresaron en el veterinario con pronóstico muy reservado.
Bonamiko lo dejó muy claro: «No eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada mal, tan solo sobrevivir.» Enciende Cuenca Noticias
Una colonia registrada. Con censo. Con voluntarios que salen cada día. Con protocolo CES reconocido por la legislación española. Y aun así, alguien llegó, colocó veneno, y se fue.
Y lo más probable es que no le haya pasado nada.
La ley existe, El problema es lo que viene antes
Antes de hablar de condenas, hay que hablar de algo más incómodo: la cadena que debería activarse antes de que un juez intervenga, y que en la mayoría de estos casos, no se activa.
La sensación de impunidad en los casos de envenenamiento de colonias felinas se debe a dos motivos: porque no se suele condenar a los responsables, y porque en la mayoría de los casos no se les investiga siquiera como sospechosos. Institutodeproteccionanimal
Esto no ocurre porque la ley no lo contemple. El Código Penal recoge penas de hasta dos años de prisión por colocar cebos envenenados, una práctica más frecuente de lo que imaginamos y que representa un peligro para la salud pública, el medio ambiente y los animales, y que está prohibida por la legislación europea, nacional y autonómica.
Las herramientas legales existen. Lo que falla es todo lo anterior.
Lo que no se hace y se podría hacer
Cuando un voluntario llega a su punto de alimentación y encuentra siete gatos muertos, tiene que documentarlo, denunciarlo, llevar los cuerpos al veterinario para la necropsia, conseguir esa prueba, presentarla en comisaría, y esperar. Sin apoyo técnico. Sin protocolo activado por nadie más. Sin que nadie venga a tomar muestras del lugar.
La investigación policial en casos de maltrato animal es casi inexistente en España como respuesta sistemática. No porque los agentes no puedan actuar, sino porque no hay recursos específicamente destinados a ello, ni formación especializada generalizada, ni protocolos de actuación inmediata ante este tipo de delitos medioambientales.
Lo mismo ocurre con la recogida de pruebas. Un cebo envenenado es una evidencia que se degrada, que puede ser retirada, que necesita ser analizada rápido. Eso requiere medios. Y esos medios, salvo excepciones, no existen para este tipo de casos.
Pero hay algo más que tampoco existe de forma sistemática: la educación activa. Las campañas de sensibilización sobre qué son las colonias CES, por qué funcionan, qué dice la ley y qué consecuencias tiene incumplirla. Cuando parte de la ciudadanía sigue creyendo que los gatos callejeros son una plaga a eliminar, el problema no se resuelve solo con juzgados.
Desde el ámbito jurídico se lleva años pidiendo la inclusión del bienestar animal en los programas oficiales de educación básica, y campañas públicas de tenencia responsable que lleguen realmente a los barrios con mayor conflictividad. Son peticiones razonables. Llevan años sin respuesta suficiente. Abogacia
Lo que los voluntarios ven y nadie escucha
Hay un punto que se pasa por alto en todos los debates sobre protección animal: los voluntarios de colonias felinas son, en muchos casos, los únicos adultos con presencia constante en determinados espacios públicos. Salen a primera hora de la mañana y al caer la tarde. Conocen el territorio. Detectan cambios. Notan cuando alguien nuevo empieza a merodear con actitud hostil, cuando aparecen pintadas cerca de los puntos de alimentación, cuando un vecino lleva semanas lanzando amenazas.
Ese conocimiento no tiene ningún canal oficial para ser recibido, analizado ni tenido en cuenta.
La criminología lleva décadas documentando que el maltrato animal reiterado es un indicador temprano de otros comportamientos violentos. No siempre, pero con suficiente frecuencia como para tomarlo en serio. Un voluntario que avisa de que hay una persona que lleva meses amenazando a los gatos de su zona debería tener un interlocutor. Debería haber un registro. Debería existir un mecanismo que conecte ese aviso con quien pueda actuar antes de que haya siete gatos muertos que documentar.
Hoy, en la mayoría de municipios de España, ese mecanismo no existe.
¿La ley castiga a quien ya cumple y No protege a quienes más la necesitan?
Aquí está la paradoja que ninguna normativa ha resuelto aún: las colonias CES son la única solución legal, ética y eficaz para gestionar los gatos comunitarios en España. Los ayuntamientos están obligados por ley a gestionarlas o a apoyar su gestión. Y sin embargo, los voluntarios que las sostienen trabajan sin cobertura real, sin recursos públicos suficientes, sin protección ante situaciones de hostilidad, y sin que sus alertas sean tratadas con la seriedad que merecen.
La ley de Bienestar Animal de 2023 fue un avance. Pero una ley que regula cómo deben funcionar las colonias, sin garantizar que quienes las gestionan estén respaldados cuando alguien las ataca, tiene un agujero enorme.
En Cuenca, las alimentadoras encontraron siete cuerpos y el corazón roto. La protectora agradeció la actuación del Ayuntamiento y la Guardia Civil. Y eso es positivo. Pero la gratitud no puede ser el estándar. El estándar debería ser la prevención, la investigación, y el acompañamiento antes de que llegue el duelo.
Qué puedes hacer tú desde aquí
Nosotros seguimos saliendo cada día. Seguimos llevando el censo, el historial veterinario, la ficha de cada gato. Seguimos siendo los ojos en la calle que nadie más pone.
Si quieres que esto cambie, no basta con indignarse. Hay cosas concretas que funcionan: apoyar económicamente a las colonias para que puedan documentar mejor y denunciar con más recursos, difundir para que más personas entiendan qué es el CES y por qué es legal y necesario, y exigir a vuestros representantes municipales que los voluntarios no estén solos.
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